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Cabo San Lucas, Baja California Sur a 01 de Diciembre de 2009
El Foro sobre Juicios Orales y Justicia Restaurativa, busca reforzar el combate contra la corrupción y la impunidad. La presidenta del Consejo, Silvia Lupián Durán, explicó que con este foro buscan involucrar a los asistentes en el tema de los juicios orales que se implementarán en la República Mexicana , y darles a conocer sus beneficios contra la corrupción e impunidad. Señaló que también se pretende darle la oportunidad, a quienes son parte de la comisión de algún delito menor, a reparar el daño a sus víctimas y reivindicarse, para evitar su ingreso a la cárcel, como hasta ahora se viene haciendo.
Los participantes fueron: Los temas fueron los siguientes:
Conclusiones: Primera: es importante que la sociedad civil participe de manera organizada en la transformación del país, y particularmente en el campo de la seguridad pública y la justicia. Esta es la única manera de abordar el proceso ya que la inacción solo servirá para seguir en el estado de deterioro en que nos encontramos.
Segundo: se demostró que, como en Colombia se ha hecho, la mejora en la justicia es una precondición del cambio en la Seguridad Publica. Solo con Justicia y Seguridad Publica es posible el crecimiento económico y el desarrollo social.
Tercero: Es importante, en consecuencia, que todos participen en el proceso de vinculación con la autoridad para lograr la implementación del Reforma a la Justicia del 18 de junio de 2008, en el que se propone un cambio al modelo acusatorio oral contenido en el articulo 20 de la constitución. Este modelo genera transparencia y seguridad y respeto a las garantías y derechos humanos.
Cuarto: que es importante que la sociedad exija a todos los candidatos que se presentaran a las próximas elecciones del 2010 que entre sus plataformas políticas se incluya la implementación del sistema de justicia adversarial y oral., y el respeto a los derechos humanos y a la separación de poderes.
Quinto: que los miembros de la sociedad civil tienen que ejercer los derechos que concede el articulo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en consecuencia participar en el proceso de valoración de la justicia y de la seguridad publica así como en la prevención del delito.
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